La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales podría demorarse un año más. El Gobierno propuso que la normativa, correspondiente a la Ley N° 21.719, comience a regir el 1 de diciembre de 2027, en lugar de hacerlo en la fecha actualmente contemplada.
La propuesta busca dar más tiempo a empresas, organismos públicos y otras instituciones para preparar los cambios que deberán implementar con la nueva regulación. La legislación establece nuevas obligaciones para quienes recopilan y utilizan información personal, por lo que su aplicación tendrá efectos en distintos sectores.
Según informó Chocale, el Ejecutivo plantea que este período adicional permita completar la preparación de la institucionalidad que estará a cargo de supervisar el cumplimiento de la ley, además de avanzar en las reglas que deberán seguir las organizaciones una vez que la normativa entre en funcionamiento.
El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, defendió la propuesta y aseguró que la postergación no implica reducir las exigencias de protección de la información personal.
“No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”, señaló la autoridad.
¿Qué pasará con la Agencia de Protección de Datos?
Uno de los cambios planteados por el Gobierno apunta directamente a la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que tendrá un papel central en la fiscalización de la nueva legislación.
La iniciativa propone ampliar de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y establecer en tres el número mínimo de miembros necesario para adoptar decisiones.
Además, se busca adelantar el nombramiento de los primeros integrantes del Consejo. Con ello, la Agencia podría comenzar a organizar su funcionamiento antes de que la ley le entregue todas sus nuevas facultades.
Durante ese período también podrá avanzar en la elaboración de normas complementarias y criterios para la aplicación de la legislación, algo que será especialmente relevante para las empresas y organismos que deberán adecuarse al nuevo escenario.
Empresas y organismos tendrán un año más para prepararse
La eventual postergación también entrega más margen a las organizaciones que tendrán que modificar la forma en que manejan los datos personales.
Entre ellas se encuentran empresas privadas, municipalidades, servicios públicos, organismos de la Administración del Estado, fundaciones y otras entidades que recopilen o procesen este tipo de información.
El plazo adicional permitiría revisar sistemas, procesos internos y estructuras antes de que comiencen las nuevas obligaciones. La apuesta del Gobierno es evitar que la entrada en vigencia de la ley se produzca mientras las instituciones todavía están realizando ajustes básicos para cumplirla.
La Ley N° 21.719 representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de privacidad y tratamiento de información personal en Chile. Si la propuesta del Ejecutivo avanza, su entrada en vigencia quedaría fijada para el 1 de diciembre de 2027, mientras la nueva Agencia tendría un período previo para preparar su funcionamiento y las organizaciones para adecuarse a las nuevas reglas.
